La negociación con los inversores

La decisión sobre si compartir las tierras comunitarias con un inversor es una de las decisiones más importantes que una comunidad puede tomar. Las buenas inversiones pueden contribuir a un considerable nivel de desarrollo y prosperidad de la comunidad. Sin embargo, las malas inversiones pueden sumir a una comunidad en la pobreza, aumentar los abusos de los derechos humanos, contaminar las aguas y los suelos, obstaculizar las rutas de acceso e incluso tener como consecuencia que las comunidades pierdan completamente sus tierras.

A continuación, incluimos algunos consejos para facilitadores comunitarios con cierto nivel de conocimientos acerca de derechos sobre las tierras sobre cómo ayudar a las comunidades a negociar con los inversores.

1. Enseñe a las comunidades cuáles son sus derechos legales. Muchos países tienen leyes nacionales que obligan a los inversores a consultar a las comunidades antes de comenzar un proyecto de inversión en tierras comunitarias. También existen instrumentos internacionales que velan por los derechos de las comunidades (para obtener más información, ver Cómo averiguar cuáles son nuestros derechos legales). 

2. Solicite evaluaciones de impacto medioambientales, sociales y en materia de derechos humanos. Anime a las comunidades a pedir que los inversores potenciales o el Gobierno financien una evaluación del impacto sobre el medio ambiente y una evaluación del impacto social o sobre los derechos humanos por parte de una empresa de consultoría o grupo de expertos independientes. Estas evaluaciones permitirán a las comunidades evaluar el impacto potencial de la inversión propuesta, con el fin de poder abogar por los cambios necesarios en el plan del inversor para reducir los efectos negativos. 

3. Prepare a las comunidades para que sepan qué pueden pedir a cambio del usufructo de sus tierras. Los facilitadores deben apoyar a las comunidades a exigir un monto de alquiler que se corresponda con el valor de sus tierras. 

Además del pago del alquiler, pueden solicitarse, entre otros, los siguientes beneficios:

• retribuciones periódicas, como un porcentaje fijo de los beneficios anuales; 
• centros de salud, medicamentos, médicos y enfermeras; 
• escuelas, libros y personal docente; 
• electricidad para todos los hogares; 
• caminos nuevos o mejores; 
• telecomunicaciones y servicios de Internet; 
• empleos para un número específico de miembros de la comunidad; y 
• acciones de la empresa.

Las comunidades deben asegurarse de que, si piden beneficios únicos, como una escuela o un centro de salud, también exijan los recursos necesarios para asegurarse de que esos beneficios puedan aprovecharse adecuadamente, como personal docente, médicos, libros, electricidad y medicamentos.

4. Prepare a las comunidades para negociar con los inversores. Los miembros de la comunidad no deben firmar ningún documento antes de recibir el asesoramiento de un abogado para entender lo que el inversor les está pidiendo que firmen.

Los facilitadores deben velar por que las comunidades:

• hagan preguntas específicas al inversor acerca de sus planes y actividades; 
• pidan copias de cualquier documento que tenga el inversor; por ejemplo, plan de negocios, documentos del Gobierno, etc.; 
• se aseguren de que los líderes comunitarios no hagan tratos sin consultar a la comunidad; 
• acuerden un plan de negociación entre sus miembros: las comunidades deben decidir lo que no es negociable, como la limpieza del agua, y lo que sí es negociable, como los beneficios con los que el inversor contribuirá;  
• consideren establecer un comité para que negocie en nombre de la comunidad, pero que se invite a todos los miembros de la comunidad a presenciar las negociaciones; y 
• tomen nota de todo lo que se diga en las reuniones de negociación.

5. Obtenga un contrato adecuado y por escrito que pueda hacerse cumplir a través de un tribunal de justicia. Aconseje a la comunidad: 

• trabajar con un abogado para asegurar que el acuerdo final refleje las negociaciones y proteja los intereses de la comunidad; 
• pedir el período de alquiler más corto posible que acepte el inversor (idealmente, cinco años) con la posibilidad de renovación, con el fin de evitar que la comunidad quede atrapada con contratos por períodos de 50 a 99 años que no la beneficien; y 
• asegurarse de que en el contrato se describa claramente la manera en que el inversor debe proteger y conservar el medio ambiente.

Adaptado de Community Land Protection Facilitators Guide [Guía para facilitadores sobre protección de tierras comunitarias], publicada por Namati.

Community land protection facilitators guide [guía para facilitadores sobre protección de tierras comunitarias]

Escrita por Rachael Knight, Marena Brinkhurst y Jaron Vogelsang 

Este manual práctico, publicado por Namati, está dirigido a defensores de base que se dedican a ayudar a las comunidades a proteger sus derechos sobre las tierras. La guía ayuda a las comunidades a crear mapas de sus tierras, desarrollar ordenanzas comunitarias y buscar reconocimiento gubernamental formal de sus derechos. Disponible solo en inglés. Si desea solicitar una copia impresa, puede enviar un correo electrónico a [email protected]. De lo contrario, en www.namati.org/ourwork/communityland, puede descargar una copia gratuita en inglés y ver unos videos animados en español, francés, inglés o portugués que ilustran el proceso.